El Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y el Fondo Paz desarrollaron obras de mejoramiento de sedes educativas en La Gabarra y en corregimientos y veredas en el margen del río Catatumbo, en el municipio de Tibú; con una inversión de más de mil millones de pesos para beneficiar a más de 470 estudiantes.
Mujeres, padres y madres de familia, campesinos, indígenas, jóvenes y todas las comunidades del Catatumbo, por décadas, han pedido la presencia social del Estado en los once municipios que integran esta amplia región entre la frontera de Colombia y Venezuela. Esto se traduce en: construcción de escuelas, hospitales, acueducto y vías, por ejemplo.
La falta de inversión en estas obras ha sido entendida como uno de los generadores de las bajas cifras de bienestar y la alta desigualdad, además como un factor de persistencia del conflicto armado en regiones como el Catatumbo.
El panorama del sector educativo en Catatumbo
En Norte de Santander hay 2.091 sedes educativas oficiales; de estas, 1.807 se localizan en zonas rurales. En los once municipios del Catatumbo se encuentran 973 de estas escuelas, 932 sedes son rurales. Es decir, 44,5% de los colegios de Norte de Santander están en el campo catatumbero.
Algo opuesto sucede con el número de docentes, pues de los 13.886 maestros que tiene esta región fronteriza, 10.282 se encuentran en la zona urbana, en contraste con los 3.604 que atienden la zona rural.
En cuanto a los estudiantes del sistema público, el departamento tiene 21.617 alumnos en preescolar, 94.086 en primaria, 82.271 en secundaria y 29.547 en media. De este total, 20.254 están registrados como desplazados o víctimas y 349 son desmovilizados del conflicto armado. Estos datos permiten deducir que mejores espacios educativos son fundamentales para combatir la deserción escolar y crear entornos seguros para garantizar la permanencia en las aulas de estas niñas, niños y adolescentes.
Como la población de la zona es altamente flotante y dispersa, tener cifras precisas puede resultar complejo. Sin embargo, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) desarrolló un censo en 2016 que permitió entender algunas dinámicas. Por ejemplo: sólo 6% de los menores termina el bachillerato; aunque esa cifra puede haber mejorado después de 2018, año en el que inició labores el megacolegio de La Gabarra con más de 1.650 estudiantes.
Según la medición de la misma ONG, en los diez municipios de Catatumbo, el 38% de los alumnos abandona la escuela entre tercero y sexto grado. El 45% de los niños no estudia por problemas económicos. Un 11,5% abandona la educación a causa de embarazos entre los 13 y 17 años.
En abril de 2022, la Defensoría del Pueblo declaró ‘emergencia educativa’ como consecuencia de la crisis migratoria, que trajo a la región y a su sistema educativo 35.368 niños, niñas y adolescentes. El Sistema de Matrículas del Ministerio de Educación registró 18.110 menores de edad venezolanos en condición migratoria regulada y 17.258 más en situación irregular.
Los datos anteriores nos dejan entender que niños, niñas y adolescentes del Catatumbo deben sortear dificultades adicionales a las de cualquier niño colombiano para disfrutar su derecho a la educación: largas distancias a las sedes educativas, falta de salones, inestable presencia de maestros, precarias condiciones económicas que los obligan a trabajar, además de la necesidad frecuente de dejar la región para culminar su educación media.
Todo ello se agrava con el aumento de acciones violentas en un contexto de conflicto armado. Organizaciones sociales han registrado un incremento en la utilización de sedes escolares y de sus alrededores por grupos armados ilegales y legales, minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en rutas cercanas a las sedes educativas.
La inversión del Ministerio de Educación y el FFIE
El Estado colombiano trabaja para mejorar la infraestructura educativa que sirve a niños, niñas y adolescentes del Catatumbo, como parte de la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de La Habana y del derecho fundamental a la educación, especialmente en zonas rurales.
El Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y el Fondo Paz desarrollaron obras de mejoramiento de sedes educativas en La Gabarra y en corregimientos y veredas en el margen del río Catatumbo, en el municipio de Tibú; con una inversión de más de mil millones de pesos para beneficiar a más de 470 estudiantes.
Varios salones, aulas de informática, un comedor, una cocina, baterías sanitarias y una cancha fueron construidas no solo para beneficiar a las niñas, niños y adolescentes, sino que han generado un cambio en las dinámicas de los maestros, padres, directivos y docentes para quienes la escuela es el centro de la vida comunitaria.