Por la cantidad de estudiantes que la integran -1.352- la Institución Educativa Puerto Barco podría considerarse un “megacolegio”. Su singularidad radica en que todos ellos se encuentran distribuidos en 42 sedes educativas ubicadas a las orillas del río Catatumbo en esta región limítrofe entre Colombia y Venezuela. En este reportaje, nos sumergimos en la historia de su sede principal.
Solo mencionar ‘La Gabarra’ en cualquier rincón de Colombia, incluso en Cúcuta y Tibú, podría evocar un triste recuerdo de masacres, paramilitares, guerrilla y cultivos de coca. Y con razón, pues la violencia se ha instalado por largas temporadas en esta tierra rica en recursos naturales y en las historias que los medios de comunicación han contado a lo largo de los años sobre este corregimiento del Catatumbo (Norte de Santander).
Este puerto del río Catatumbo nació hace 75 años con el nombre Puerto Barco, como parte de las dinámicas de la exploración petrolera impulsada por la compañía norteamericana Colpeg-Sagoc, en lo que hoy se conoce como el Kilómetro 60. En aquel entonces, un centenar de colonos no solo se dedicaba al petróleo, también se involucraba en la explotación maderera, la colonización de territorios indígenas (pertenecientes a la etnia motilón barí) y a la agricultura.
En los años sesenta se construyó el puesto de control de la Policía que fue utilizado como calabozo hasta mediados de los setenta. Fue entonces cuando la gran mayoría de la población se trasladó a su ubicación actual, al otro lado del río, que ya había tomado el nombre que conocemos hoy: La Gabarra. Así se llamaba también la barcaza que utilizaban para cruzar las aguas del Catatumbo.
Para ese momento, el número de niñas y niños iba en aumento, hijas e hijos de los antioqueños, venezolanos, caribeños, llaneros y colonos afro provenientes del Pacífico que habían llegado a la zona buscando trabajo en la industria petrolera. La necesidad de una escuela comenzó a tomar forma y por eso la gente decidió utilizar las instalaciones vacías que antes habían servido a la Policía.
En 1975 nació la sede educativa Puerto Barco, a la que llegaron misioneros de la diócesis de Tibú para ejercer el rol de profesores. Entre los años 80 y 90, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y el Ejército de Liberación Nacional – ELN aumentaron su presencia en la zona. Lamentablemente, la información de lo vivido en esas más de dos décadas en la escuela y la región se perdió, pues los registros fueron desaparecidos y la población fue desplazada durante el posterior periodo de dominio paramilitar.
En mayo de 1999, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron violentamente en La Gabarra, procedentes de Urabá (Antioquia), y perpetraron una de las masacres más crueles de la historia del país. Además, en el Kilómetro 60, en Puerto Barco, ocuparon una casa vacía diagonal a la escuela, que convirtieron en lo que se conocería como la ‘casa cárcel’ o ‘casa de la tortura’. Ese año, las clases fueron interrumpidas.
Los docentes de planta abandonaron la zona y, en su reemplazo, en el año 2000 llegó un profesor bajo contrato. En 2001, la comunidad construyó la unidad sanitaria. En 2005 se desmovilizó el Bloque Catatumbo de las AUC. Al año siguiente, se emprendió la reparación de la escuela, que incluyó la construcción de cercas y muros para encerrar el colegio.
A lo largo de estos años, los menores de la zona se mantuvieron en los salones en los que impartían clases de preescolar a quinto grado de primaria. En 2010, la Secretaría de Educación de Norte de Santander oficializó a la Institución Educativa Puerto Barco y, en 2011, emitió la resolución que la reconoció como la sede principal de la institución, que en ese momento agrupaba a 28 sedes dispersas.
“Nuestras sedes se caracterizan por ser fluviales, el 90% están a la orilla del río Catatumbo, los niños se tienen que transportar en canoas. Eso implica consumo de combustible, que es gasolina, y es muy costosa. Cuando los niños no pueden desplazarse en canoa, deben buscar otro medio de transporte como mulas, caballos o a pie, pero estas son zonas de difícil acceso”, relata Mesa
Si las niñas, niños y adolescentes querían continuar estudiando el bachillerato, debían trasladarse hasta la cabecera municipal de Tibú, a 55,6 kilómetros de La Gabarra, a tres horas por carretera destapada en época seca y hasta 24 horas en temporada de lluvia. Otra opción era dirigirse a Cúcuta, a 116 kilómetros de Tibú y otras tres horas de viaje terrestre. Para algunas de las familias, estas alternativas eran inasequibles, por los costos de sostenimiento de sus hijos e hijas, lo que obligaba a los jóvenes a buscar trabajo en el campo o abandonar la región.
Por consiguiente, los padres de familia solicitaron a la Secretaría de Educación la implementación del bachillerato en la zona. En 2012, un grupo de 25 estudiantes comenzó el sexto grado en Puerto Barco, en los mismos salones e infraestructura con la que había nacido la institución 37 años atrás.
En 2017, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, en colaboración con organizaciones de cooperación internacional, intervino la antigua ‘Casa Cárcel’ para resignificarla y convertirla en la Casa de la Paz, junto al parque y a la iglesia, construidas también en el proceso. Ese conjunto de edificaciones se ha convertido en espacio de actividades que reúne a la comunidad en talleres, conversatorios, fiestas y encuentros artísticos; para hablar de Derechos Humanos y de otros temas que han comenzado a cambiar las dinámicas del Kilómetro 60, incluyendo la vida de sus jóvenes.
El gran hito de obras educativas se dio en octubre de 2018, cuando fue inaugurado el megacolegio en la cabecera de La Gabarra, con capacidad para 1.650 alumnos en sus 19.100 metros cuadrados. Sin embargo, hay miles de niñas, niños y adolescentes que no logran llegar hasta allí y deben tomar clases en las sedes de Puerto Barco.
La gran inversión y la más reciente la hizo el Ministerio de Educación Nacional, por medio del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE), que desarrolló obras de mejoramiento en algunas de las sedes de Puerto Barco. Con su gente, construimos aulas, un comedor, una cocina, baterías sanitarias y otros espacios educativos, con una inversión que supera los 800 millones de pesos.
“Un ladrillo significa para estas comunidades progreso. Entonces, cuando hay escuela alejamos a los niños de la violencia, los alejamos de ese problema de los actores armados que desafortunadamente no generan progreso a estas comunidades”, reflexiona Mesa al traducir lo que significa la inversión en infraestructura educativa en la región.