El FFIE ha invertido 20.731 millones de pesos en las obras de 21 residencias escolares. En algunos territorios en los que continúa el conflicto armado, las comunidades, rectores y profesores ven las residencias como un lugar de protección de los menores contra el reclutamiento forzado.
La inversión en residencias escolares también permite cumplir con una parte del Acuerdo Final de La Habana y con el Plan Especial de Educación Rural (PEER), que busca erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar a las instituciones educativas regionales al desarrollo rural.
Los rectores y secretarios de educación de algunas regiones expresan que las residencias también han contribuido para proteger a niños y niñas del reclutamiento forzado de grupos armados.
Julia Castellanos, de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (Coalico), aclara que “este tipo de infraestructura se convierte en un lugar protegido y protector. Protegido porque tiene salvaguardia y reconocimiento de la comunidad. Y protector porque efectivamente permite, primero, que el acceso al derecho a la educación sea real y porque evita desplazamientos y riesgos, por ejemplo, en zonas que tienen contaminación por minas o artefactos sin explotar. Sin embargo, también hemos identificado residencias escolares que han sido focalizados por los actores armados, quienes entran de manera permanente, hacen alusión a su a su actuar político y delictivo, y someten a esa comunidad estudiantil a las dinámicas de control”.
Durante el primer trimestre del año, Coalico identificó al menos 91 episodios que afectaron directamente a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes. Entre enero y marzo de 2023, al menos 36 niños y niñas fueron reclutadas según la Coalico. La Defensoría del Pueblo registró 23 casos, lo que significa un aumento del 53,3%.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dice que de 1958 a 2020 fueron reclutados -al menos- 17.866 menores. La JEP, en su Caso 07, concluyó de forma preliminar que 18.677 niños y niñas fueron reclutados entre 1996 y 2016 sólo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las cifras de la organización internacional Save the Children indican que entre 2020 y 2021 el reclutamiento aumentó 256%.
“Las dinámicas de reclutamiento persisten en gran parte del país, sobre todo en regiones donde la presencia de los actores armados es constante por la disputa por territorio, control territorial, economías ilícitas y otras actividades. Esto es especialmente en el Pacífico, los Llanos Orientales, la frontera con Venezuela y el sur del país”, explica Castellanos.
Un estudio de Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestra que entre 2013 y 2020 el ingreso de menores indígenas a grupos armados pasó del 14% al 34% y el de afrodescendientes del 12% al 17%. Ese mismo estudio reveló que, “sobre el grado educativo, se identificó que el 4,86% de los niños no tenía ningún tipo de estudio al ingresar al Programa del ICBF; el 55,5% estaba en primaria, el 39,02% en algún grado de educación básica secundaria o media, mientras solo el 0,18% ya era bachiller”.
“Después de salir de acá, yo quiero ir a pagar el servicio”, lanza Yosimara en la conversación. “Yo también, cuando termine once, pues yo quisiera ser policía, pues igual si puedo”, se une Zuly. Olga mira a todas en silencio y replica tímidamente, “yo quiero ser futbolista, porque me gusta jugar, aunque no me va tan bien”.
Castellanos explica que “a pesar de que hay mecanismos como las residencias, sigue habiendo una exposición a ideas del conflicto armado. Hemos fracasado en llevar la posibilidad de seguir estudios profesionales en los territorios. No es fácil el contexto económico de estas comunidades. Adicional, las fuentes de empleo para jóvenes son mínimas en términos de acceso, derechos y garantías laborales”.
Actualmente, el Ministerio de Educación está adelantando el proceso para expedir el Decreto para regular el funcionamiento de las residencias escolares y brindar mejores condiciones a los residentes.
El FFIE ha invertido hasta el momento 20.731 millones de pesos en la intervención física de 21 residencias escolares, doce de ellas en territorios PDET.